La Comisión Europea ha dado plena libertad a las operadoras para establecer los precios que consideren convenientes en telefonía fija. La normativa pone fin de este modo a los límites que cada estado miembro podía interponer al respecto.

Pero ¿cómo afecta en España la medida?

Por un lado nos encontramos con que los servicios de telefonía fija ya están liberalizados. Es decir cada operador es libre de poner las tarifas que quiera en las llamadas originadas en red fija y con terminación cualquier destino fijo o móvil, nacional o internacional, no existe un precio regulado en esta materia.

Lo que sí que está regulado es el precio del servicio de interconexión tanto en acceso como en terminación entre la Red Telefónica Conmutada del operador dominante y las redes del resto de operadores y el coste del alquiler del bucle de abonado del operador dominante. El primer concepto está regulado en la Oferta de Interconexión de Referencia (OIR) de Telefónica con el objetivo de que todos los usuarios de las redes interconectadas puedan comunicarse libremente entre sí.

Los servicios de interconexión básicos son el de acceso y el de terminación. El servicio de interconexión de acceso permite que los abonados conectados a la red del operador dominante puedan acceder a servicios ofrecidos por otros operadores. El servicio de interconexión de terminación consiste en que el operador que dispone de red fija propia obtiene un ingreso por las llamadas que terminan en clientes de su red.

El segundo concepto se refiere al uso del tramo de par de cobre que va desde la central telefónica local hasta la casa del abonado, tanto para el servicio telefónico básico (STB), como para servicios de datos (típicamente en ADSL), lo que comúnmente viene a denominarse el alquiler de línea o cuota de abono.

Pero ¿por qué están regulados estos precios? Pues porque la red pertenece al operador dominante y si no hubiera una regulación en el acceso a estos servicios y consecuentemente Telefónica tuviera libertad para fijar estos precios seguramente lo que haría sería subirlos de tal modo que imposibilitaría a los terceros operadores competir en el mercado. En este sentido la regulación precisamente protege a los operadores alternativos frente al dominante y favorece la competencia, siendo ese el objetivo de la CNMC.

El mercado de la telefonía fija está en retroceso debido al avance y abaratamiento de los precios en la telefonía móvil, aunque sigue teniendo un considerable volumen de negocio tanto en residencial como en empresas, por tanto cualquier medida que se tome para forzar a Telefónica a rebajar el coste de acceso a estos servicios fomentará la competencia e irá en beneficio del consumidor.

Estamos a favor de la liberalización ya que facilita la competencia y favorece al consumidor, pero en el caso que nos ocupa de acceso a la red telefónica conmutada, es necesaria una regulación que proteja a los operadores alternativos frente al dominante y les permita competir en igualdad de condiciones. Lo que el organismo regulador, la CNMC, tiene que asegurar es que el precio del servicio en el mercado mayorista fuera siempre menor que el fijado por el operador dominante en su mercado minorista, y con el suficiente margen para que dejara al resto de operadores ofrecer sus servicios a un precio competitivo y con el beneficio suficiente.

Esto por desgracia no siempre ocurre, lo cual limita la competencia, reduce la competitividad del sector y desfavorece al consumidor.

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