¿Las compañias telefónicas abusan de las portabilidades?
Advierten de cobros abusivos de las telefónicas al cancelar la portabilidad
La Asociación de Consumidores de Navarra Irache ha advertido a los ciudadanos sobre los cobros abusivos que algunas compañías telefónicas están exigiendo a las personas que han anulado la portabilidad con ellas.
En una nota Irache señala haber recibido «centenares» de quejas por cargos de hasta 150 euros en las cuentas de los consumidores, y explica que sólo en el pasado mes de septiembre, 643.225 líneas telefónicas, entre fijas y móviles, se pasaron de una operadora a otra en todo el Estado, lo que en Navarra supondrían aproximadamente más de 8.500 cambios.
A estas portabilidades habría que sumar aquellas que se cancelaron porque el consumidor decidió echarse atrás antes de que se hubiera efectuado, una operación que en principio no debería tener ningún coste para el consumidor.
Sin embargo, están acudiendo a Irache centenares de consumidores porque, tras cancelar una portabilidad antes de que ésta se efectuase, están recibiendo cartas en las que la compañía a la que finalmente no se cambiaron les exige pagos de hasta 150 euros y los presenta como deudas impagadas por gastos de gestión, si es que no se ha cobrado ya el dinero por la cuenta bancaria que pudo facilitar el consumidor al contratar.
La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones ya estableció que no era razonable «imputar al usuario cuota alguna como consecuencia de la cancelación de su solicitud de portabilidad», señala Irache, que revela que este organismo admitía que, como máximo, las operadoras pudiesen cobrar 0,41 euros por cancelar una portabilidad de telefonía fija.
Además, aconseja tener en cuenta que buena parte de las solicitudes para cambiar de compañía se hacen por teléfono -muchas veces, como consecuencia de una oferta de la operadora- o por internet. El consumidor tiene catorce días naturales para echar atrás estas contrataciones sin tener que dar motivo alguno por ello.
El texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios establece que «serán nulas de plenos derecho las cláusulas que impongan al consumidor una penalización por el ejercicio de su derecho de desistimiento».
Las compañías argumentan la validez de estos cobros abusivos por gastos de gestión, tarifas de tramitación o cuestiones de este tipo, que «en ningún modo justifican los importes cobrados al consumidor», de hasta 150 euros.
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