Por Unas Frecuencias Omnieuropeas (PUFO)
La iniciativa de la Comisión Europea (CE) para favorecer un mercado digital unificado (Digital Single Market o DSM), anunciada la pasada semana, incluía también –además de un amago de buscarle problemas a los gigantes americanos de Internet– el proyecto para mejorar la armonización en la gestión y asignación del espectro de frecuencias radioeléctricas, la materia prima indispensable de las comunicaciones móviles.
De hecho, la nota oficial de la CE señalaba en su punto 9 que «La Comisión presentará una revisión ambiciosa de la normativa sobre telecomunicaciones de la UE. Esto incluye una coordinación del espectro más eficaz y criterios comunes a escala de la UE para la asignación del espectro a nivel nacional;
Eso significa, en primer lugar, que se ha abandonado la idea de una asignación centralizada a escala europea. Para conseguir eso, habría hecho falta que los estados hubiesen estado de acuerdo en una enorme cesión de soberanía. Porque las consecuencias de una decisión así habrían sido enormes y verdaderamente disruptivas. Una asignación única y centralizada de espectro por parte de la CE, hubiera provocado, de forma casi inevitable, un proceso de integración de los operadores mucho más intenso que el experimentado hasta ahora. Con sólo tres o cuatro licencias en toda Europa, y con sólo un gran operador con una presencia casi global (Vodafone), la creación obligada de grandes consorcios para presentarse a las pocas candidaturas disponibles habría acabado a medio plazo en una consolidación salvaje que obligase al centenar de operadores móviles europeos a reunirse en torno a unas pocas corporaciones con presencia en todos los mercados del continente. Además, probablemente, también hubiera podido provocar un efecto de deflación en el precio del espectro -respecto a lo que se recaudase en unas licitaciones descentralizadas por países, como ocurre ahora-, debido a la menor cantidad de demandantes. Por último, una consolidación de ese estilo también hubiera provocado, posiblemente, la constatación de la inutilidad y por tanto la extinción de ese error estratégico de la industria que se llama roaming. Por lo menos dentro del mercado europeo.
Así que Bruselas, consciente de las dificultades de una apuesta tan radical, se ha conformado con menos de entrada y busca objetivos de menor ambición. Pero una coordinación europea sería muy útil. Por lo menos frente al caos que reina actualmente.
Porque es evidente que la gestión a escala europea del espectro de frecuencias ha sido un auténtico desastre, como ha demostrado el proceso de asignación del dividendo digital, la banda de 800 megahercios (MHz). Cada país ha ido a su bola, y así mientras que algunos, como Alemania, lo adjudicaron en 2010, otros como España lo han puesto a disposición de los operadores hace un mes, en abril, de forma que aún no está siendo utilizado casi en ninguna región española. Eso ha hecho que las disponibilidad de equipos (smartphones) que funcionen con la banda de 800 o con soluciones multibanda de carrier aggregation (sistemas que usan diferentes bandas de frecuencias a la vez en la misma sesión de datos para acelerar la velocidad de transmisión de datos) estén llegando con mucho retraso al mercado.
Un proceso de «armonización» sería, por tanto, muy de agradecer, porque podría hacer que la industria tanto de redes como de terminales tuviera una idea clara de la fecha de puesta en servicio de las nuevas bandas, de forma que acompasara su desarrollo a la disponibilidad en el mercado. También serviría para poder poner en común aspectos importantes como la duración de las licencias, las obligaciones de cobertura o un precio más o menos homogéneo de forma que la ecuación de euros/ megahercio/habitante saliese similar, aunque matizada en función de la riqueza de cada mercado, y no fuera tan dependiente de los caprichos o urgencias del ministro de Hacienda de turno.
Sin embargo, la experiencia pasada parece indicar que esta iniciativa de armonización espectral puede estar más condenada al fracaso que cualquier otra dentro del DSM.
Y la razón es muy simple: los Gobiernos nacionales no quieren soltar el control las frecuencias ya que son algo muy goloso y fuente de muchos ingresos. Y los Gobiernos que tienen importantes sectores de televisión en abierto que dependen de esas frecuencias, como es el caso español o el italiano, todavía menos. No las van a soltar ni aunque les den martillazos en los nudillos.
Examinemos, si no, el caso español. Tras una legislatura entera mareando la perdiz con la sentencia del Tribunal Supremo que obligó a apagar 9 canales de TDT (aunque, la metedura de pata legislativa no fue del PP, sino del PSOE, porque estaba aprobando una ley audiovisual que exigía que los canales se adjudicasen por concurso, mientras los estaba asignando a dedo) el Gobierno del PP ha convocado un concurso que se va resolver, precisamente, a finales de octubre, es decir, a escasas semanas de las elecciones generales. ¡Que casualidad!. O sea, que como en el chiste del dentista (1), el Gobierno puede tener agarrados por donde duele a los dos grandes grupos (Mediaset y Atresmedia) que forman el duopolio televisivo español, justo hasta las últimas fechas antes de las elecciones.
No es de extrañar que Uteca y las televisiones comerciales juren en arameo contra el Gobierno y le acusen de todo tipo de malas intenciones, incluida la de favorecer a las televisiones de pago, cuyo principal adalid es ahora Telefónica, que tras la compra de Canal+ tendrá el 85% de los ingresos de ese sector.
Aunque también hay que tener en cuenta que cuando las televisiones en abierto crítican la reciente política audiovisual del Gobierno olvidan dos factores importantes que hay que poner en la balanza. El primero, que el sector de la TV comercial en España presenta el índice de concentración más elevado posible -antes del monopolio, claro-, con Mediaset y Atresmedia sumando el 85% de los ingresos publicitarios, una situación que, sin duda, ha ayudado a mejorar la rentabilidad de los dos actores frente a un mercado de cinco (con TVE, La Sexta y Cuatro), como existía antes.
Un índice de concentración que fue posible porque el Gobierno anterior del PSOE decidió eliminar a TVE como competidora en el mercado publicitario y este mismo Gobierno del PP, decidió ignorar las resoluciones impuestas por la autoridad de la competencia a la fusión de Antena 3 y La Sexta, y suavizarlas convenientemente, invocando además (la capacidad de sorpresa de los ciudadanos no tiene límite) el «interés general» como razón para facilitar la fusión.
El segundo factor que olvidan las televisiones es aún más conspicuo. Esta licitación por la que se van a adjudicar seis canales de TV se realiza mediante el formato de un concurso de méritos, un beauty contest. Los candidatos formularán sus propuestas de programación, horas de publicidad, contenidos interactivos, producción nacional, etc, y el Consejo de Ministros decidirá lo que le venga en gana. Pero lo que no van a hacer los candidatos a los nuevos canales es pagar dinero por las frecuencias que reciben. Es decir, que van a obtener espectro gratis. Sólo por comparar, en la licitación del Gobierno del PSOE de 2011, en que se repartió el dividendo digital de 800 Mhz y otras bandas como las de 2600 Mhz (las de 1.800 ya habían sido repartidas y pagadas, pero el Gobierno forzó la devolución parcial para sacarlas a concurso), las arcas del Estado recibieron alrededor de 2.000 millones de euros pagados por los operadores. Y este modelo no es nuevo. Ha sido así desde el inicio de la telefonía móvil, de forma que los operadores de telecos casi siempre han pagado por las frecuencias (cada vez más) mientras que las teles han ido recibiendo los canales (o sea, las frecuencias) sin tener que pagar por ellas.
Pero volviendo a las comunicaciones móviles, esta armonización del espectro europeo corre el riesgo de llegar tarde y ser bastante inútil, por lo menos a medio plazo. La razón es que unos cuantos países europeos ya han empezado la carrera para adjudicar a los operadores la próxima banda de frecuencias, la de 700 MHz, también conocida como el segundo dividendo digital. Alemania quiere ser la primera y la subasta empezará el próximo 27 de mayo. Pero Francia tiene previsto hacerlo en 2016, mientras que Holanda, Suecia y Finlandia lo han dejado para 2017 y Reino Unido ya ha fijado la fecha entre 2020 y 2022. En esa tesitura, con algunos de los mayores mercados ya organizados, ¿qué impacto tendría un intento de armonización? Pues bastante limitado.
(1) Un paciente, tumbado en la silla del dentista, agarra al médico por donde duele y le dice «¿Verdad, doctor, que no nos vamos a hacer daño?».
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